"Aquí nunca ha habido un estado de bienestar, y menos para las personas con discapacidad. Los derechos sociales nunca han estado garantizados en España para nadie", afirma Pérez Bueno en una entrevista publicada este sábado en 'Diario de Burgos' recogida por Servimedia.

 

Añade que, "muy lentamente, hemos ido alcanzado la protección sanitaria, pero tiene copago, que ahora se ha exacerbado, y para las personas con discapacidad la prestación ortoprotéstica tiene más cosas fuera que dentro. Por ejemplo, las personas sordas sólo tienen acceso a una parte del coste de los audífonos, pero hasta los 16 años. A partir de ahí, que se busquen la vida".

 

En este sentido, subraya que las personas con discapacidad estaban en "una situación mucho más débil" antes de la crisis económica. "No hemos pasado de un paraíso a un infierno porque antes ya no estábamos bien", apostilla.

 

Pérez Bueno explica que el mayor impacto se centra en los servicios y prestaciones sociales que llevan a cabo las organizaciones del sector de la discapacidad. "En España, lo que no hizo el Estado tuvo que hacerlo la sociedad civil y ahí está el germen de las asociaciones. Después, la administración asume que es su responsabilidad y llega a acuerdos con subvenciones y lo introduce en la red pública con conciertos y convocatorias. Y como no era una red establecida, delimitada y consolidada, se ha debilitado enormemente", agrega.

 

Recalca que alrededor de 300.000 personas con discapacidad reciben servicios prestados por una asociación u ONG vinculados a ayudas públicas.

 

 

Por otro lado, Pérez Bueno destaca que la ley de autonomía personal y de dependencia "nunca llegó a aplicarse" porque "nació con la crisis", si bien no se ha desmantelado, "porque nunca se ha consolidado ni se ha desarrollado ni en sus más tímidos propósitos", al tiempo que se muestra disgustado por que se confunda discapacidad con dependencia. "Sólo un 20% de las personas con discapacidad son dependientes", precisa.

 

A este respecto, destaca que las ayudas vinculadas a la ley de dependencia llegan "con infinidad de retrasos" y existe "una desigualdad terrible entre comunidades autónomas y un error de modelo". "En la tramitación parlamentaria intentamos variarla, pero era un tren que había salido con otros pasajeros", zanja, antes de señalar que menos de 225.000 personas con discapacidad reciben estos apoyos cuando este sector de población en España llega a los 4 millones, de ellos 2,5 millones con certificado.

 

Por otra parte, Pérez Bueno considera "un atropello mayúsculo" que la ley electoral impida quea unas 80.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental puedan votar en España, lo cual, según añade, "viene del entendimiento tradicional de que no pueden decidir por sí mismas, que tienen que ser representadas por otros".

 

Apunta que esta situación "no es aceptable" jurídicamente desde 2006 porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado, "dice de forma expresa que ninguna persona con discapacidad, sea cual sea ésta, puede ser privada de su derecho al voto".

 

"Nuestra clase política no lo ve. Se lo hemos preguntado y planteado a todos los partidos y denunciado ante Naciones Unidas, pero sigue primando esa visión paternalista de que cómo van a votar estas personas. Esto nos lo ha dicho personas de todo el espectro ideológico porque el imaginario sobre la discapacidad no tiene un color político", concluye.